Se decretó ayer intervenir las telecomunicaciones, es decir, geolocalizarnos, esto corresponde a un ESTADO DE EXCEPCIÓN, que no se ha decretado.
La duda es si es intencionado o no, esta omisión o intrusión de acciones en un Estado de Alarma que no le compete, o más bien habría que preguntar con qué intención se hace.
El Estado de Alarma en el que nos encontramos y que tantas veces nos informan a través de la tele, establece que:
“Artículo once. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto ”
(Ley Orgánica de 4/1981 de 1 Junio)
No obstante ayer sábado 28 de Marzo, se ha decretado un giro que compete a Estado de Excepción no declarado.
La vulneración del derecho a la intimidad y protección de datos por este Estado de Excepción encubierto, están protegidos por la Constitución, ¿que ocurrirá con el uso de nuestros datos?, ¿se usarán sólo para el coronavirus o si se detecta cuaquier infracción o delito serán utilizables los datos?
Si el Gobierno dispone de nuestros datos puede tener un mayor control sobre nosotros/as y actuar en consecuencia, no solamente para protegernos del Coronavirus, sino en todas aquellas situaciones de la vida cotidiana que puede ser afectado por este control, produciéndose una clara violación de los derechos de la ciudadanía.
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