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La nueva Ley de caza y pesca de la Comunidad de Madrid no garantizará la conservación de las especies y ecosistemas
La caza y la pesca son actividades residuales e incompatibles con la conservación de los ecosistemas, especialmente en la situación de empobrecimiento de la biodiversidad en la Comunidad de Madrid. Por ello, los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura han propuesto que la nueva ley que tramita el Gobierno regional sirva para gestionar la reconversión de estas actividades y se sustituya por un texto normativo que mejore el estado de conservación de especies y ecosistemas.
Recientemente la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior expuso al periodo de consulta pública la memoria del anteproyecto de Ley de caza y pesca de la Comunidad de Madrid. Este paso es previo y preceptivo a la redacción del texto articulado que dé paso a la tramitación parlamentaria.
La memoria del anteproyecto, por tanto, es un documento básico en el que se exponen los problemas que se quieren solucionar y los objetivos de la nueva norma. A pesar de sus simplicidad, los colectivos ecologistas Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, discrepan de lo que consideran un enfoque erróneo y continuista de dos actividades minoritarias, entre la población española y madrileña, que causan graves impactos en los ecosistemas naturales.
Sobre la caza
La caza nunca puede considerarse como una herramienta válida para la gestión de poblaciones de fauna, en contra de lo que reitera la memoria. Se trata de una actividad recreativa que ha sido y sigue siendo un agente desestabilizador del equilibrio ecosistémico, provocando o favoreciendo la extinción de especies, la introducción de especies exóticas e invasoras y generando desequilibrios en el sex-ratio (relación entre el número de machos y hembras). En la Comunidad de Madrid baste mencionar la situación en la que se encuentra la cabra montés, en la Sierra de Guadarrama, con poblaciones desequilibradas por la eliminación de los mejores machos jóvenes en edad reproductiva. En la caza menor, destaca el estado crítico de la perdiz roja, hibridada con la perdiz turca que se cría en cautividad para sueltas en cotos.
Por mucho que también se incida sobre el arraigo en el mundo rural, los datos cuestionan, incluso la supervivencia de la caza y de la pesca. Según el último Anuario de Estadística Forestal que se refiere a 2022, el número de licencias de caza desciende, desde hace más de una década y, actualmente, se corresponde con el 1,24% de la población española (595.187 licencias). En la Comunidad de Madrid, ese porcentaje se reduce al 0,62 % (43.068 licencias). Para los datos de 2022, el número de licencias vigentes de pesca fluvial, a nivel estatal, correspondía al 0,9 % de la población española (433.194 licencias) y al 0,67 % en la Comunidad de Madrid (45.835 licencias).
Al problema ambiental hay que sumar el maltrato y el abandono de perros de caza. Según el último informe sobre el abandono de perros de caza recogidos por protectoras, elaborado por PACMA en 2022, en la Comunidad de Madrid se calculan más de 1.000 perros de caza abandonados y en el Estado 12.295. Pero también se producen víctimas humanas, según datos de la organización Ecoloxistas Galiza Atlantica e Verde y otros colectivos, el número de muertes por accidente de caza en 2023 ascendió, al menos, a 14 en España, una de ellas en la Comunidad de Madrid, y 23 heridos.
Ante estos hechos los colectivos ecologistas proponen que el nuevo texto legal basándose en la situación real de la caza, sea una norma temporal que permita la transición hacia su o su conversión en una actividad residual, aplicable solo en casos muy concretos y justificados, y siempre ligados a la población local y supeditados al interés de conservación de las especies y ecosistemas.
Sobre la pesca fluvial
La conservación de los ecosistemas acuáticos en la Comunidad de Madrid es dramática por amenazas crecientes, como barreras fluviales abandonadas que impiden una adecuada migración para los procesos reproductivos, especies exóticas que desplazan a las autóctonas, contaminación de las aguas, desecación de cauces, elevación de la temperatura media debido a los efectos del cambio climático.
Muchas especies autóctonas de los ríos madrileños, como bogas, cachos, truchas comunes, tencas, calandinos, lamprehuela, colmillejas han desaparecido de la mayoría de ríos, Jarama, Lozoya, Cofio, Manzanares, Henares, Tajo; refugiándose, hoy, en algunas cabeceras, sometidas a la presión de truchas arco iris introducidas en cotos intensivos y a la extrema regulación de caudales en verano.
La memoria del anteproyecto debería priorizar la protección de los ecosistemas acuáticos mediante caudales ecológicos suficientes, que garanticen la supervivencia y recuperación de las especies, gestión de cauces y conservación de especies, incluyendo la trucha común y la boga en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Sin embargo, la actividad de pesca se focaliza en la pesca intensiva que se practica en cotos privados (consorciados), con peces invasores, procedentes de piscifactorías, como la trucha arco iris, dañando poblaciones nativas como en el río Cofio, donde la trucha común ya ha desaparecido.
Para ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura la nueva ley de pesca solo tendría sentido si sustituyera el modelo actual de pesca intensiva por una gestión centrada en la recuperación del ecosistema fluvial, generalizando, por ejemplo, la pesca sin muerte para todas las especies, así como la aprobación de planes de recuperación de especies piscícolas y ecosistemas fluviales, tales como la que presentaron en su momento para la recuperación de las poblaciones de salmónidos y unas directrices para la elaboración de un plan de gestión de la pesca de la trucha en la Comunidad de Madrid.
El retroceso en gestión ambiental, en Madrid, es alarmante, al igual que la opacidad. Los colectivos ecologistas instan al Gobierno a adoptar medidas que garanticen un progreso respetuoso con la conservación de los ecosistemas.
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