Ayer 30 de noviembre, nueva marcha por la Rambla de El Albujón, porque el Mar Menor no puede esperar más, participaron distintos colectivos y organizaciones ambientales, y se hizo lectura del siguiente manifiesto:

“Las asociaciones y colectivos convocantes agradecemos a todas vuestra presencia y apoyo. Cada año volvemos a manifestarnos aquí, porque la Rambla del Albujón sigue siendo un torrente permanente de aguas contaminadas por la agroindustria de la cuenca vertiente del Mar Menor.

Este cauce, desviado a conveniencia desde su nacimiento en Fuente Álamo hasta Bocarrambla, es el emisario más visible, -aunque no el único-, de los vertidos de una agricultura intensiva y ecocida. Su caudal medio, superior a 300 litros por segundo, se dispara incluso sin lluvias torrenciales, sumándose los arrastres de los purines de las macrogranjas y los vertidos puntuales de la depuradora de Torre Pacheco. Estas aguas envenenadas alimentan episodios de sopa verde, hipoxias y anoxias en nuestro castigado Mar Menor.

Anastasio nos comenta que la medición de la entrada de agua contaminada por la Rambla de El Albujón, no es real, porque han roto el muro que la encauza, lo que impide que se mida correctamente, podría calcularse en unos 220 litros por segundo. Para hacerse una idea sería una casa de 100 metros cuadrados y 190 metros de altura, y que a 3 metros por piso, tendría una altura de más de 63 pisos.

Mientras la “mancha blanca” avanza y el acuífero revienta por donde puede, el Gobierno Regional insiste en vaciarlo y exige grandes infraestructuras pagadas con dinero público, para realizar el vertido en el Mediterráneo, poniendo en peligro también a este mar. Pero evita actuar en el origen del problema: el riego incansable de empresas agrícola-industriales como las del caso Topillo. Entre las casi cuarenta investigadas, destacan Gs’ España, Pozo Camachos S.L., Pozo Los Relentes y Ciky Oro, responsables de verter 5.900 millones de litros de salmuera con nitratos en solo cuatro años. Muchas de ellas integran la Fundación Ingenio, que recibe millones para presentarse como “sostenible”.

Sí, hay que vaciar el acuífero, pero sin frenar el regadío intensivo justificado con el mantra de que somos “la huerta de Europa”, es inútil.

Denunciamos nuevamente la dejadez del Gobierno Regional, que no aplica la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor y amenaza con modificarla para favorecer a los principales contaminadores. Tampoco fija fecha para aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente (POTCVMM), imprescindible para regular el uso del suelo y frenar un urbanismo desbocado en La Manga y en toda la cuenca. Pero eso sí, ha aprobado el Decreto-ley de simplificación de 2025, que facilita aún más la presión de lobbies e industrias sobre la laguna.

A ello se suman otros frentes abiertos: -el descontrol de la navegación marítima, especialmente motos acuáticas y fondeos ilegales, -y nuevas amenazas, como la incineradora de residuos sanitarios en Los Alcázares y las plantas de biogás proyectadas en Fuente Álamo, El Mirador y Los Camachos. Rechazamos estas instalaciones por su impacto y exigimos que cada macrogranja gestione sus propios residuos con miniplantas que garanticen impacto cero; solo así se frenará un modelo que nos entierra en purines y contamina suelo, aire y acuíferos.

La sumisión del Gobierno Regional a los lobbies ecocidas está destruyendo el Mar Menor y buena parte de las zonas naturales y rurales de esta región. Por eso nos manifestamos y exigimos:

-Cumplimiento estricto de la legislación vigente, especialmente la Ley 3/2020 y la Ley 19/2022, que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, y sus derechos a existir, protegerse, conservarse y restaurarse. Exigimos a la judicatura que actúe con firmeza y dicte sentencias ejemplarizantes ante este ecocidio continuado.

-Reducción sustancial del regadío intensivo y fomento de una agricultura agroecológica.

-Disminución del número de granjas y macrogranjas, obligándolas a instalar miniplantas de biogás para gestionar sus purines y alcanzar impacto cero.

-Denegación de la incineradora en Los Alcázares y de las plantas de biogás en toda la cuenca vertiente, conforme al art. 2 de la Ley 19/2022 que dice en su apartado 2 que “El derecho a la protección implica limitar, detener y no autorizar aquellas actividades que supongan un riesgo o perjuicio para el ecosistema”.

-Moratoria urbanística inmediata hasta la aprobación del POTCVMM. El Mar Menor y su cuenca, no puede soportar tanta presión urbanística. Más árboles y menos cemento.

-Regulación específica de la navegación en el Mar Menor y refuerzo de la vigilancia, especialmente en verano. Queremos barcos a vela o motor eléctrico/solar, ninguna moto acuática.

-Ejecución urgente del Marco de Actuaciones Prioritarias, especialmente el cinturón verde y las intervenciones en Bocarrambla para reducir la entrada de agronitratos.

La recuperación del Mar Menor no puede esperar más. Exigimos que las administraciones actúen YA, especialmente el Gobierno Regional que es el que tiene las competencias para conseguirlo.”

Entre otras participaciones, se hizo lectura del pregón del Mar Menor