Primo Güeña

Actualmente existe una gran polémica sobre la política migratoria en España entre los distintos partidos del espectro político. En este artículo vamos a intentar plasmar los puntos positivos y negativos de cada una de las propuestas. Es necesario observar las diferentes variables que intervienen en este dilema: la dimensión cultural, la económica y la humanitaria.

Variable económica

El envejecimiento de la población es un reto que España debe afrontar para poder hacer frente al pago de las pensiones tal y como están planteadas actualmente. Hay voces que sostienen que la inmigración puede desempeñar un papel de reemplazo en el mercado laboral. La duda que se plantea desde sectores de la derecha es si realmente la inmigración puede cumplir esta función.

Según el Informe sobre la realidad migratoria en España del Consejo Económico y Social, los inmigrantes extracomunitarios tienen una renta media disponible de 9.405 €, mientras que los nativos alcanzan los 16.312 € y los extranjeros comunitarios los 12.893 €, con datos de 2024. Esto supone que los extranjeros de fuera de la UE disponen de un 42,44 % menos que los españoles. Esta brecha se ha estrechado en los últimos años, ya que en 2012 era del 48,81 %.

Si analizamos el informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, observamos que el 50,8 % de los hogares recibe más (en prestaciones y servicios) de lo que aporta. Conviene remarcar que, con datos de 2022, las pensiones representan el 77,1 % de estas prestaciones. Hasta la edad de jubilación, por tanto, se aporta más de lo que se recibe.

Las jubilaciones, según la Seguridad Social, alcanzaron en 2022 un gasto del 12,1 % del PIB, y llegarían al 14,7 % en 2050. Y según Eurostat, las obligaciones contraídas por los trabajadores con la Seguridad Social suponen un 500 % del PIB con respecto a las jubilaciones.

Con estos datos, se observa que la capacidad de pago del Estado, tal y como está configurado actualmente, difícilmente podría sostenerse únicamente con la aportación de inmigrantes extracomunitarios. Esto solo sería posible por dos vías: una llegada masiva de inmigrantes o un aumento significativo de su nivel de renta hasta acercarse al de los nacionales. Para ello sería necesario integrarlos plenamente en el mercado laboral. Sin embargo, según el INE, en el último trimestre de 2023 la tasa de paro de los no comunitarios era del 18,78 %, muy superior al 10,74 % de los nacionales. Ambas cifras son preocupantes, ya que en muchos países una tasa de desempleo superior al 5 % ya se considera un problema grave.

Este funcionamiento del mercado laboral español dificulta la asimilación de grandes cantidades de trabajadores, sea cual sea su origen. Sin una integración efectiva, podría producirse un exceso de oferta de mano de obra que deterioraría los salarios, ya sea legalmente (reduciendo derechos laborales) o ilegalmente (trabajo en B o sin contrato), lo que además reduciría la recaudación del Estado. En el caso de que se lograra la integración laboral, surgiría otro reto: que estos nuevos trabajadores aporten lo suficiente para que, llegado el momento de su jubilación, contribuyan más de lo que reciban. El sistema español de pensiones, al complementar las pensiones más bajas y limitar las más altas, busca una redistribución que complica este equilibrio.

Las propuestas desde la derecha apuntan a una flexibilización del mercado laboral, un ajuste a la baja de las expectativas sobre las pensiones o una mejora de la oferta laboral. En cualquier caso, esta es una fotografía fija y no podemos saber si la población inmigrante logrará consolidarse en España y aumentar sus ingresos.

Por su parte, la izquierda considera más probables los escenarios positivos mencionados anteriormente. Sostienen que, aunque será un reto, la inmigración será beneficiosa para la economía nacional y contribuirá a solucionar el problema de las pensiones.

Variable cultural

Los partidos de izquierda plantean que la inmigración genera diversidad cultural, lo que enriquece a la sociedad y favorece el crecimiento personal. Consideran que es necesario evitar el cierre cultural y abrirse a nuevos espacios, siguiendo el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que promueve la convivencia amistosa entre naciones. Desde esta perspectiva, no deberíamos vernos como países enfrentados, sino como ciudadanos del mundo con los mismos derechos independientemente del lugar de nacimiento.

Desde sectores de la derecha, la crítica se centra en la compatibilidad cultural. La pregunta clave es quién crea la cultura y si esta puede cambiar. Clifford Geertz, antropólogo estadounidense, definía la cultura como “una red de significados” que las personas tejen y en la que están inmersas. Si las personas crean la cultura, ¿puede moldearse para ser compatible con la nuestra?

Los puntos de fricción más señalados son el trato a las mujeres en países como Irán, Sudán o Arabia Saudí, donde el marido puede necesitar dar permiso para trabajar o incluso prohibirlo. Otro punto es la existencia de crímenes de honor en ciertas regiones de África, Oriente Medio y el sur de Asia, donde se asesina a mujeres por supuestamente manchar el honor familiar. También preocupa el trato a los homosexuales en países como Irán, Nigeria o Afganistán, donde se contempla la pena de muerte para relaciones entre personas del mismo sexo.

En el caso de la población marroquí, una de las más numerosas en España (dejando aparte la latinoamericana), conviene señalar que, según el Ministerio de Trabajo español, la tasa de empleo femenina en Marruecos era del 16,4 % en 2022, frente al 47,2 % en España. Además, la tasa de alfabetización femenina en 2022 era del 69 %, frente al 85,62 % de los hombres. Esto refleja una brecha de género mucho mayor que en España, en una sociedad más patriarcal. También es cierto que el gobierno marroquí está dando pasos para mejorar esta situación, pero el contraste cultural sigue siendo notable, aunque Marruecos sea uno de los países menos radicalizados del mundo islámico.

En esta variable, lo fundamental es determinar si las personas pueden cambiar su forma de vivir. Las leyes de estos países cuentan con cierto respaldo social; en algunos casos los Estados intentan frenar estas prácticas y en otros las favorecen. Por tanto, parte de la población que llega a España puede compartir estas creencias. Autores como Pierre Bourdieu, sociólogo francés, sostienen que el habitus (conjunto de disposiciones asociadas a la posición social) puede transformarse con nuevas experiencias. En cambio, Antonio Damasio, neurólogo portugués, muestra cómo las creencias están ligadas a circuitos emocionales, lo que las hace persistentes.

Variable humanitaria

Desde la izquierda se defiende la necesidad de ayudar y ofrecer recursos como país privilegiado. Además, España, como Estado miembro de la Unión Europea y firmante de la Convención de Ginebra, tiene obligaciones en materia de asilo y refugio. La movilidad humana contemporánea está marcada por conflictos armados, persecuciones políticas, desigualdades estructurales y crisis climáticas, lo que convierte la protección internacional en un imperativo jurídico y ético.

Desde posiciones más restrictivas, se plantea una mirada centrada en preservar el modo de vida propio y priorizar los recursos nacionales.

Conclusión

El debate sobre la inmigración no puede reducirse a consignas ni a posiciones rígidas. Las perspectivas de izquierda y derecha iluminan aspectos distintos de un fenómeno complejo: unas subrayan las oportunidades económicas y la obligación humanitaria; otras advierten de los límites del mercado laboral y de los retos de la integración cultural. Ninguna de estas miradas, por sí sola, ofrece una respuesta completa.

Comprender la inmigración exige reconocer tanto su potencial como sus desafíos, y asumir que la convivencia democrática se construye desde el matiz, no desde la simplificación. Solo un diálogo informado, basado en datos y en el respeto a los derechos fundamentales, permitirá diseñar políticas que sean sostenibles, justas y coherentes con los valores de nuestra sociedad. En última instancia, la posición de cada lector dependerá del peso que otorgue a cada una de estas variables, pero el debate solo avanzará si se mantiene dentro del marco de la razón y no de la polarización.

Infografía con ayuda de Copilot