
La Plataforma Ciudadana Stop Biogás Los Camachos–Cartagena–Mar Menor valora positivamente la concentración celebrada ayer, 12 de febrero, ante el Ayuntamiento de Cartagena, coincidiendo con la sesión plenaria en la que se sometió a aprobación el nuevo Plan de Ordenación del Suelo.
La movilización reunió a vecinas y vecinos de Cartagena y su comarca, representantes de asociaciones, colectivos sociales y profesionales, que acudieron para exigir que el nuevo marco urbanístico garantice de forma clara y definitiva la exclusión de macroplantas de biogás en el Polígono de Los Camachos.
La Plataforma considera que la aprobación del nuevo Plan constituye un momento histórico para el municipio, tras 39 años de vigencia del planeamiento anterior. No obstante, recuerda que el verdadero alcance de esta reforma dependerá de su aplicación efectiva y de que incorpore de manera expresa y jurídicamente vinculante la prohibición de este tipo de instalaciones en la ZAL.
Asimismo, la Plataforma insiste en la necesidad de que las limitaciones aprobadas tengan carácter retroactivo claro y explícito, de modo que afecten también a aquellos proyectos que ya hayan iniciado trámites administrativos. De lo contrario, se generaría una contradicción entre la voluntad política manifestada y su eficacia real.
Durante la concentración se reiteró que la oposición al proyecto no responde a un rechazo ideológico a la transición energética, sino a la defensa de un modelo de desarrollo coherente con la protección de la salud pública, el futuro logístico de Cartagena y la preservación de la cuenca vertiente del Mar Menor.
“La movilización demuestra que existe una preocupación social real y sostenida. Cartagena no puede hipotecar su desarrollo estratégico ni asumir nuevos riesgos ambientales en un territorio ya sometido a fuertes presiones”, señalan desde la Plataforma.
Stop Biogás Los Camachos–Cartagena–Mar Menor continuará vigilante ante la evolución de los procedimientos administrativos y mantendrá su actividad informativa, técnica y jurídica hasta que el proyecto quede definitivamente suspendido y archivado, sin ambigüedades ni interpretaciones futuras.
“Seguiremos activas y vigilantes. No daremos nada por cerrado hasta que las garantías sean firmes y estén por escrito”, concluyen.


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