José Matías Peñas

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Esta es la petición completa:

“El peticionario solicita al Parlamento Europeo que aborde una supuesta infracción grave y prolongada del Derecho de la Unión en relación con un vertedero de residuos peligrosos situado en el barrio de Torreciega (Cartagena, Murcia, España).

El peticionario sostiene que el vertedero, autorizado en 2002 y abandonado en torno a 2007, no se ha sometido a las fases de cierre y posterior a la clausura exigidas por la Directiva 1999/31/CE, ni se ha aplicado legislación en materia de responsabilidad medioambiental para obligar a la parte responsable o a las autoridades a descontaminar y sellar el emplazamiento.

El peticionario afirma que los informes de expertos cuantifican cantidades masivas de residuos peligrosos, con más de 5,2 millones de toneladas de residuos distribuidos en 35 hectáreas, entre los que se incluyen residuos peligrosos de la hidrometalurgia del zinc, la construcción y escombros de demolición que contienen amianto.

El peticionario denuncia la falta de sellado e impermeabilización, lo que da lugar a la formación continua de lixiviados ácidos con elevados contenidos de metales pesados, que se filtran en el suelo y acaban drenando en la rambla del Hondón, llegando en última instancia al mar Mediterráneo.

El peticionario destaca que las concentraciones de cadmio y zinc en las escorrentías superan los límites legales y describe la situación como «extremadamente crítica», estimando que cientos de miles de kilogramos de metales pesados acaban todos los años en el sistema de drenaje y en el Mediterráneo.

El peticionario considera que esta contaminación crónica degrada gravemente las aguas superficiales y subterráneas, lo que contraviene los objetivos de la Directiva marco sobre el agua.

El peticionario sostiene que los estudios sobre el polvo en zonas residenciales muestran una contaminación extrema por metales pesados, donde las concentraciones medias de zinc, plomo y cadmio son muy superiores a los niveles previstos en entornos urbanos no contaminados, lo que plantea importantes riesgos para la salud de los residentes.

El peticionario afirma que los análisis sanitarios revelan niveles elevados de plomo en sangre en los residentes de Torreciega, y que existe una fuerte correlación estadística entre el riesgo medioambiental y las concentraciones reales de plomo en sangre, lo que indica una absorción efectiva de toxinas por la población.

El peticionario destaca que un modelo de carcinogénesis aplicado a la población infantil expuesta estima un riesgo total de 487 casos adicionales de cáncer por cada 100 000 niños, una cifra que se encuentra muy por encima del umbral tolerable. Del mismo modo, el riesgo estimado para los adultos es cincuenta veces superior al límite aceptable.

El peticionario denuncia el grave impacto ecológico, ya que los depósitos y estanques contaminados actúan como trampas mortales para la vida silvestre, en particular para las aves acuáticas, que confunden estas masas de agua contaminada con humedales naturales y padecen intoxicaciones y quemaduras químicas.

El peticionario considera que, a pesar de que existen pruebas concluyentes, las autoridades competentes de Murcia y Cartagena no han cerrado ni sellado el vertedero, no han eliminado los residuos peligrosos, no han descontaminado los suelos ni las aguas afectados ni han establecido programas específicos de vigilancia sanitaria y epidemiológica para la población.

El peticionario sostiene que esta situación infringe múltiples Directivas de la Unión, particularmente las relativas a la gestión de residuos, la protección del agua, la calidad del aire y la responsabilidad medioambiental, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que admita a trámite esta petición, invite a la Comisión Europea a investigar y, en su caso, incoar un procedimiento de infracción contra España, e inste a las autoridades españolas a que adopten medidas inmediatas para cerrar y sellar el vertedero, eliminar residuos, controlar lixiviados y emisiones, y aplicar programas de vigilancia de la salud.

El peticionario también solicita que el Parlamento garantice la protección de los derechos fundamentales de los residentes de Torreciega, en particular el derecho a la vida, la integridad física y mental, la protección de la salud y un elevado nivel de protección del medio ambiente. “