La Asociación reclama al Ayuntamiento de Cartagena que, tras 36 años, ponga fecha a la normalización definitiva del barrio y recuerda que “las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación tienen siempre un horizonte temporal, contemplado en el artículo 188 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia”.

La Asociación de Vecinos del Polígono Santa Ana ha anunciado este miércoles la presentación de sendas denuncias ante la Fiscalía de Área de Cartagena y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas relacionadas con el funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Santa Ana, la tutela ejercida sobre ella por el Ayuntamiento de Cartagena y la utilización, justificación, seguimiento y control de fondos públicos municipales.

La Asociación ha insistido durante la rueda de prensa en que estas actuaciones “no suponen acusar a ninguna persona de haber cometido un delito ni afirmar que exista responsabilidad contable”, sino solicitar que los órganos competentes investiguen, obtengan la documentación necesaria y determinen si las actuaciones desarrolladas durante los últimos años se han ajustado plenamente a la legalidad.

“No estamos acusando. Estamos pidiendo que se compruebe”.

Entre las cuestiones puestas en conocimiento del Tribunal de Cuentas se encuentran las subvenciones municipales de 175.000 euros anuales concedidas a la Entidad durante 2023, 2024 y 2025, que suman al menos 525.000 euros.

La A.VV. considera necesario determinar con precisión qué gastos son sufragados mediante cuotas obligatorias de los propietarios, cuáles mediante subvenciones municipales, qué servicios son prestados directamente por el Ayuntamiento y si existe una separación y trazabilidad suficientes entre las distintas fuentes de financiación. Esta Asociación de Vecinos lleva meses solicitando actas, libros mayores de cuentas y otra documentación fiscalizadora al Ayuntamiento de Cartagena sin ninguna respuesta.

MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS EN RECIBOS IMPAGADOS

Uno de los principales problemas económicos denunciados es la elevada morosidad acumulada y que acaba trasladándose al resto de propietarios.

La propia Entidad informó en junio de 2025 de una deuda aproximada de 1.790.000 euros, atribuyendo la mayor parte al denominado Centro Comercial, el cual dejó de abonar sus cuotas en 2011 y hasta la fecha.

Según la documentación actualizada que maneja la Asociación, el volumen total de recibos impagados supera actualmente los 2.000.000 de euros y tal y como ya avisamos, la vía ejecutiva, también conocida como providencia de apremio para gestionar el cobro de las deudas, es completamente ineficaz en casi todos los casos. Una vía que siempre existió pero que el Ayuntamiento de Cartagena se negaba a activar en los últimos años, seguramente porque sabía que no serviría de mucho.

La A.VV. reclama conocer qué efecto tiene esta situación sobre los propietarios que sí pagan regularmente sus cuotas y cuestiona especialmente la existencia recurrente de una partida anual presupuestaria denominada “Dudoso cobro”, dotada con 100.000 euros unos años y otros con diferentes importes.

“Dos millones de euros en recibos impagados son una cifra completamente inasumible para una Entidad de estas características. Los vecinos que cumplen sus obligaciones tienen derecho a saber si están soportando, directa o indirectamente, las consecuencias económicas de quienes no pagan”.

EL PROBLEMA URBANÍSTICO DE 1998 Y LA SENTENCIA DE LA PARCELA F-1

La Asociación ha situado una parte importante del origen del problema actual en la Modificación número 4 del Plan Parcial del Polígono Santa Ana, aprobada en 1998.

Aquella modificación afectó a la edificabilidad de 17 parcelas en las que se sustituyó la previsión de edificación en altura, pisos, por viviendas unifamiliares tipo dúplex.

La documentación histórica señala que SEPES asumió entonces voluntariamente las consecuencias económicas derivadas de aquella reducción de edificabilidad en otras parcelas de su propiedad con el objetivo de evitar que las cuotas de los residentes aumentaran.

Entre ellas se encuentra la parcela G-1, vinculada posteriormente al Centro Comercial, cuyo valor en los anexos de cuotas pasó de 10.044 m² a 50.220 m², exactamente cinco veces más.

La Asociación considera especialmente significativa la reciente Sentencia 351/2026 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia relativa a la parcela F-1.

Aunque la sentencia no anula la totalidad del Plan Parcial número 4 ni resuelve automáticamente la situación de las demás parcelas, la Asociación de Vecinos entiende que confirma el problema jurídico que viene denunciando desde hace años en torno al sistema de cuotas y al criterio de edificabilidad establecido en los Estatutos de la Entidad Urbanística.

“Se tomó una decisión en 1998 para solucionar un problema inmediato, pero el problema no desapareció: se trasladó hacia el futuro. Y el futuro ha llegado”.

Sobre la eventual continuidad del litigio ante el Tribunal Supremo, la Asociación de Vecinos ha mostrado su absoluto respeto al derecho de las partes a recurrir, aunque advierte:

“Un recurso, que además no cuenta con la aprobación de la Asamblea General, puede dilatar una respuesta judicial, pero no puede borrar el problema de fondo”.

36 AÑOS Y EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, CONOCIDA COMO LOTURM

La Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Santa Ana fue constituida en 1990.

Treinta y seis años después, la Asociación considera imprescindible que el Ayuntamiento explique qué circunstancias objetivas justifican actualmente la continuidad de una obligación extraordinaria de conservación sobre los propietarios.

La Asociación de Vecinos recuerda que el artículo 188 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia establece como regla general que la conservación de la urbanización corresponde a la Administración actuante y contempla condiciones específicas cuando dicha obligación recae sobre los propietarios.

Entre ellas se encuentra, dependiendo del supuesto, la existencia de un plazo determinado y la consideración del Informe de Sostenibilidad Económica, pero siempre y en todos los supuestos, con un horizonte temporal que debe quedar establecido por el Ayuntamiento.

“Las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación tienen un horizonte temporal. Después de 36 años, alguien tiene que ser capaz de poner una fecha encima de la mesa”.

EL PLAN GENERAL PREVÉ UNA CARTAGENA PARA CIENTOS DE MILES DE HABITANTES

La Asociación también ha recordado las previsiones realizadas por el propio Ayuntamiento durante la presentación del nuevo Plan General.

El planeamiento municipal llegó a plantear capacidad para alrededor de 80.000 nuevas viviendas, elevando el parque residencial potencial de Cartagena hasta unas 230.000 viviendas y con capacidad estimada para unos 630.000 habitantes.

Posteriormente, el Gobierno municipal ha planteado incluso incrementar la capacidad de nuevo suelo residencial hasta acercarse a las 100.000 viviendas.

“Si Cartagena planifica suelo y servicios para una ciudad con capacidad potencial para cientos de miles de habitantes, resulta difícil explicar que no pueda planificarse la integración definitiva de un barrio ya consolidado de alrededor de 2.300 viviendas y casi 7.000 vecinos”.

NO ES UNA URBANIZACIÓN PRIVADA NI UN BARRIO DE RICOS

La Asociación ha querido aprovechar la comparecencia para combatir dos percepciones que considera profundamente equivocadas.

La primera es considerar el Polígono Santa Ana una urbanización privada, ni lo es actualmente, ni lo fue jamás.

La Asociación de Vecinos señala que no existe ningún recinto privado general que englobe el barrio.

Los únicos espacios privados son los que pertenecen específicamente a cada comunidad de propietarios —garajes, piscinas, patios, recintos o viales interiores cuando existan— exactamente igual que ocurre con comunidades de propietarios en cualquier otra zona de Cartagena.

El resto del barrio está integrado en la trama urbana y abierto al uso general.

DOS PILARES FUNDAMENTALES PARA ALGUNOS VECINOS, LA VIGILANCIA PRIVADA Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS A TRAVES DE UN SISTEMA NEUMÁTICO

Somos muy conscientes de que hay muchos propietarios en el Polígono Santa Ana que apuestan muy fuerte por mantener ambos servicios, pero ninguno de ellos forma parte del objeto social de los estatutos de la Entidad Urbanística, por lo que no pueden ser repercutidas cargas económicas al respecto. La gestión de los residuos es una competencia exclusivamente municipal por lo que la Entidad no debería de estar gestionando este servicio que es el que mayor importe supone en los presupuestos. Además, a esta Asociación nos preocupa mucho, el mal estado de conservación de las líneas subterráneas enterradas, a seis metros de profundidad, y que son utilizadas para transportar a 170 km/h las bolsas de basura hasta la central. Creemos que podrían estar contaminando el subsuelo y el acuífero cuaternario al inyectar los lixiviados de las basuras, con metales pesados muy contaminantes, mientras realizan el viaje hasta la planta de compactación, estos lixiviados podrían llegar incluso hasta el Mar Menor. Grietas de gran tamaño y hasta boquetes de considerable envergadura podrían ser los causantes y es que la planta se diseñó para una duración de 20 años y ya tiene mas de 36, al final es una instalación parcheada que ya da signos del final de su vida útil. Por otro lado el uso de un equipo de seguridad privada armado no está justificado en una zona que está considerada zona urbana, donde las competencias en seguridad las tiene Policía Local y Guardia Civil, el Polígono Santa Ana no cumple con los requisitos para tener un servicio de seguridad, ni la zona se encuentra alejada de la ciudad, ni está vallada, ni perimetrada, ni se controla el acceso a ella porque es completamente pública, y como ya hemos dicho, no forma parte este servicio de las competencias en materia de mantenimiento urbanístico al que está obligada la Entidad de Conservación, y sus propios estatutos no lo contemplan ni el objeto social de los mismos tampoco.

“El Polígono Santa Ana NO está fuera de Cartagena. El Polígono Santa Ana, ES Cartagena”.

La segunda percepción que quiere desmontar la Asociación es que residir en este barrio implique disponer necesariamente de una elevada capacidad económica.

“En el Polígono Santa Ana viven trabajadores, pensionistas, autónomos, pequeños comerciantes, jóvenes y familias normales. Un importante número de viviendas siguen siendo, actualmente, viviendas protegidas (VPO). No somos un barrio de ricos ni estamos pidiendo ningún privilegio”.

UNA CARGA ECONÓMICA CADA VEZ MÁS DIFÍCIL DE SOPORTAR

La Asociación advierte además de que la continuidad de las cuotas obligatorias resulta cada vez más difícil de justificar socialmente en un contexto en el que las familias han sufrido fuertes incrementos en la cesta de la compra, electricidad, gas, carburantes, seguros, hipotecas y otros gastos básicos.

A ello se suma el pago ordinario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La Asociación sostiene que numerosos propietarios del Polígono Santa Ana soportan recibos de IBI especialmente elevados debido al valor catastral de sus inmuebles y, además, deben afrontar las cuotas de la Entidad Urbanística.

“No queremos pagar menos que los demás. Queremos ser tratados como los demás».

La Asociación de Vecinos considera difícil de justificar que una familia tenga que soportar durante décadas una segunda carga económica obligatoria vinculada a servicios que, en otros barrios plenamente normalizados, se prestan dentro del régimen general municipal.

UNA DISOLUCIÓN ORDENADA, NO EL ABANDONO DEL BARRIO

La Asociación ha subrayado que solicitar la disolución de la Entidad no significa pedir la desaparición inmediata de los servicios ni abandonar infraestructuras o trabajadores.

Su propuesta pasa por una transición planificada.

La Asociación de Vecinos solicita la creación de una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Cartagena, Urbanismo, los servicios jurídicos municipales, la Comunidad Autónoma cuando resulte necesario y la propia Entidad de Conservación.

El objetivo sería establecer un calendario para determinar qué servicios corresponden al Ayuntamiento, qué contratos permanecen vigentes, qué infraestructuras deben ser recepcionadas o regularizadas, cómo deben liquidarse las cuentas, cómo se reclamarán las deudas pendientes y qué pasos jurídicos deben seguirse para alcanzar la extinción definitiva de la Entidad.

“Queremos una disolución ordenada, responsable y segura».

La Asociación recuerda que su Asamblea General acordó iniciar todas las actuaciones necesarias para conseguir la disolución de la Entidad y que su Junta Directiva ha respaldado por unanimidad las acciones desarrolladas.

La Asociación de Vecinos asegura que continuará utilizando todos los cauces administrativos y judiciales que resulten necesarios, aunque mantiene abierta permanentemente la vía del diálogo.

“No buscamos derrotar al Ayuntamiento ni a la Entidad. Queremos solucionar un problema que dura ya 36 años”.

La Asociación concluye con los dos mensajes que marcarán su actuación durante los próximos meses:

«Las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación tienen siempre un horizonte temporal».

“El Polígono Santa Ana también es Cartagena. No queremos ser mas que nadie, pero tampoco vamos a aceptar ser menos».