José Matías Peñas
Piden reapertura de la petición remitida al Parlamento Europeo incorporando un reciente auto judicial, nuevas dudas sobre la titularidad de los terrenos contaminados y reclama aclarar quién debe asumir la descontaminación y las medidas de protección ambiental y sanitaria.
La batalla institucional en torno al antiguo vertedero de residuos peligrosos de Torreciega no ha terminado. Tras el archivo de la petición 2594/2025 por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), el edafólogo José Matías Peñas ha solicitado formalmente la reconsideración de esa decisión y la reapertura del expediente.
La petición incorpora documentación que no estaba disponible cuando el Parlamento Europeo examinó el caso en septiembre de 2026. Entre los nuevos elementos figura un auto de la Audiencia Provincial de Murcia y la controversia surgida sobre la titularidad de los terrenos donde permanecen depósitos de residuos industriales vinculados a la antigua actividad de Española del Zinc (Zinsa).
La vía penal se cierra, pero mantiene abiertas las responsabilidades administrativas
Uno de los principales argumentos del escrito se basa en el Auto 474/2026 de la Audiencia Provincial de Murcia, notificado el pasado 23 de octubre.
La resolución rechaza reabrir la investigación penal solicitada por la Asociación de Vecinos Afectados de Torreciega. Sin embargo, el tribunal reconoce que durante la instrucción ya se incorporó documentación relativa a la toxicidad de los residuos, la presencia de lixiviados, la mortandad de aves y los riesgos potenciales para las aguas subterráneas.
La propia Audiencia señala que los riesgos ambientales y para la salud pública asociados a los terrenos contaminados podrán ser objeto de otro tipo de responsabilidades, en particular de naturaleza civil o administrativa.
Esta apreciación judicial adquiere especial importancia porque desplaza el foco desde la persecución penal hacia las obligaciones de control, vigilancia, clausura y reparación que corresponden a las administraciones competentes y a los responsables legales del emplazamiento.
¿Quién es responsable de los terrenos contaminados?
La segunda gran novedad es la aparición de dudas públicas sobre la titularidad de los suelos afectados.
La solicitud remitida a Bruselas menciona una información de El Nuevo Digital de Murcia publicada el 14 de octubre de 2026, en la que Cartagena Parque S.A. sostiene que no es propietaria de todas las parcelas contaminadas y que los terrenos donde se ubican determinadas balsas de residuos continúan inscritos a nombre de Española del Zinc.
Esta controversia abre interrogantes relevantes:
- Quién es actualmente titular de cada parcela.
- Qué entidades mantienen obligaciones de vigilancia y mantenimiento.
- Quién debe asumir económicamente las actuaciones de descontaminación.
- Qué efectos tiene la posible desaparición o extinción de la empresa explotadora original.
Se considera imprescindible que las administraciones aporten certificaciones registrales, documentación mercantil y delimitaciones precisas de los terrenos para identificar a los sujetos legalmente responsables.
Un caso ligado a varias directivas europeas
La solicitud de reapertura sostiene que el caso afecta directamente al cumplimiento de varias normas europeas en materia ambiental.
Entre ellas figuran:
- La Directiva 1999/31/CE sobre vertederos.
- La Directiva 2008/98/CE sobre residuos.
- La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental.
Según el escrito, resulta necesario determinar si el emplazamiento fue clausurado conforme a la normativa, qué controles se realizan actualmente sobre los lixiviados y las aguas subterráneas y qué medidas de restauración ambiental han sido ejecutadas.
También se recuerda que España no transpuso dentro del plazo establecido la Directiva (UE) 2024/1203, destinada a reforzar la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
Lo que se pide a Bruselas
La solicitud trasladada a la Comisión de Peticiones plantea siete peticiones concretas, entre ellas:
- Incorporar al expediente el reciente auto judicial.
- Reconsiderar el archivo de la petición.
- Solicitar una evaluación específica a la Comisión Europea.
- Requerir información a las autoridades españolas sobre autorizaciones, inspecciones y medidas de control ambiental.
- Determinar la situación jurídica de los propietarios y responsables del emplazamiento.
- Examinar las medidas de protección de la población frente a posibles contaminantes.
- Informar formalmente al peticionario de las decisiones adoptadas.
Más allá de la vía judicial
La iniciativa plantea una cuestión de fondo que sigue sin responderse de forma definitiva: si existen riesgos ambientales reconocidos, ¿quién tiene la obligación de actuar y garantizar la seguridad de la población y la recuperación de los terrenos?
Tras el cierre de la vía penal, el debate se traslada ahora al terreno administrativo y ambiental. Precisamente ahí es donde el peticionario considera que Bruselas puede desempeñar un papel de supervisión para verificar que las obligaciones derivadas de la legislación europea se están aplicando de forma efectiva.
Mientras tanto, el antiguo emplazamiento industrial de Torreciega continúa siendo uno de los episodios ambientales más controvertidos de Cartagena, con preguntas abiertas sobre la descontaminación de los terrenos, la protección de los recursos hídricos y la identificación de los responsables de garantizar su restauración.
Fuentes:
Foto de portada de archivo de los terrenos contaminados de Zincsa en Torreciega el 31/01/2026
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