La Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena ha presentado esta semana dos escritos oficiales —ante la Consejería de Educación y Formación Profesional y ante la Dirección General de Salud Pública y Adicciones— en los que reclama actuación inmediata para proteger a los menores del barrio de Los Mateos frente a la contaminación por plomo y otros metales detectada en la zona de la UA‑1.

Según la documentación técnica ya incorporada al expediente sanitario, existen escenarios de riesgo no aceptable para la salud humana, con concentraciones extraordinariamente elevadas de plomo, cadmio, arsénico y mercurio en suelos superficiales. En una de las muestras analizadas por la Universidad Politécnica de Cartagena se registraron 102.571 mg/kg de plomo, una cifra miles de veces superior a los valores de referencia.

Riesgo para los centros educativos

La Asociación advierte de que las obras previstas en la UA‑1 —excavación, retirada y gestión de residuos peligrosos— pueden coincidir con el curso escolar, generando polvo y partículas que afectarían directamente al CEIP Aníbal y a la Escuela Infantil Municipal San Isidoro, ambos situados a escasos metros.

Por ello, se ha solicitado a Educación y Salud Pública que:

• Evalúen de forma urgente patios, zonas de tierra, accesos, áreas de juego y superficies susceptibles de acumular polvo.
• Realicen muestreos previos y durante las obras, con control instrumental de PM10 y PM2.5 y determinación de metales asociados.
• Apliquen el principio de precaución: si no puede garantizarse la ausencia de exposición relevante, se pide la suspensión cautelar de la actividad presencial en los espacios afectados y la habilitación de alternativas seguras.

Las familias niegan la entrada en sus domicilios y denuncian presiones para consentir: la negativa no puede producir consecuencias asistenciales

La Asociación de Vecinos del Sector Estación ha comunicado formalmente a la Dirección General de Salud Pública que las familias afectadas han expresado de manera inequívoca su negativa a permitir nuevas entradas administrativas en sus viviendas para inspecciones, fotografías, comprobaciones o toma de muestras. Esta negativa está plenamente amparada por el artículo 18.2 de la Constitución Española, que protege la inviolabilidad del domicilio.

La Asociación advierte además de que varias familias han trasladado que están recibiendo llamadas, insistencias y aproximaciones reiteradas para obtener un consentimiento que ya han denegado, y que perciben estas actuaciones como presiones. Por ello, exige que cesen de inmediato y que se impartan instrucciones claras para que ninguna negativa domiciliaria sea tratada como falta de colaboración ni pueda producir consecuencia asistencial desfavorable alguna.

La atención sanitaria de los menores —incluida su derivación urgente a la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (PEHSU Murcia)— no puede condicionarse en ningún caso a permitir la entrada en sus viviendas.

Asimismo, se recuerda que cualquier acceso contra la voluntad de los moradores requiere autorización judicial previa, conforme al artículo 8.6 de la Ley 29/1998, y que una orden administrativa, la presencia policial o la invocación genérica de potestades inspectoras no suplen ese requisito constitucional.

Exigen una investigación sanitaria ambiental completa, acreditada y centrada en las fuentes de exposición

La Asociación solicita que Salud Pública diseñe y ejecute un plan urgente de investigación sanitaria ambiental dirigido prioritariamente a identificar los focos de contaminación, las vías de dispersión y los receptores afectados en la UA‑1, viales, aceras, plazas, jardines, parques, zonas infantiles, itinerarios escolares y centros educativos.

El plan debe incluir:

• Inspección y muestreo por entidades acreditadas por ENAC, y análisis por laboratorios acreditados conforme a UNE‑EN ISO/IEC 17025.
• Finalidad estrictamente sanitaria y administrativa, sin objetivos académicos o experimentales.
• Puntos de fuente, transectos, gradientes, receptores y controles de fondo, con georreferenciación, cadena de custodia, blancos, duplicados y criterios previos de interpretación.
• Recuperación de todos los registros reales de las medidas preventivas que debían aplicarse en la UA‑1: riegos, humectación, paralizaciones por viento, limpieza de viales, lavado de ruedas, cubrición de acopios, salidas de camiones, incidencias, no conformidades y Diario Ambiental.
• Control instrumental actual de PM10 y PM2.5, con registro meteorológico concurrente y determinación de metales asociados cuando sea viable.

Evaluación urgente de los centros educativos y aplicación del principio de precaución

La Asociación reclama una evaluación inmediata y urgente del CEIP Aníbal y de la Escuela Infantil Municipal San Isidoro, incluyendo patios, accesos, zonas de juego, suelos, superficies susceptibles de acumulación de polvo y, cuando proceda, espacios interiores y material particulado atmosférico.

Mientras no exista una evaluación suficiente que descarte contaminación relevante y riesgo no aceptable para la población infantil, se solicita que Salud Pública adopte la medida sanitaria que corresponda y, en su caso, inste a Educación a suspender cautelarmente la actividad presencial en los espacios afectados, habilitando alternativas seguras.

La Asociación ha comunicado también la presentación del escrito registrado ante Educación el 2 de septiembre (REGAGE26e00077472604) y exige coordinación inmediata entre Salud Pública, Educación y el Ayuntamiento de Cartagena.

Exigen un circuito asistencial efectivo para los menores

Los escritos reiteran la necesidad de que los menores con plumbemias elevadas accedan de forma inmediata a la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (PEHSU Murcia) del Hospital Virgen de la Arrixaca. Las familias siguen encontrando obstáculos administrativos y demoras, pese a tratarse de un recurso especializado en salud ambiental pediátrica.

La Asociación exige que la asistencia sanitaria no se condicione a la investigación ambiental ni, en ningún caso, a la autorización de entrada en los domicilios.

Responsabilidad y coordinación institucional

La Asociación reclama una respuesta coordinada entre Salud Pública, Medio Ambiente, Educación y Ayuntamiento de Cartagena, y recuerda que la legislación estatal y autonómica obliga a proteger especialmente a los menores frente a riesgos ambientales.

Finalmente, solicita que el plan acordado —con calendario, puntos de muestreo, entidades intervinientes, acreditaciones, resultados e informes— sea comunicado íntegramente a la Asociación, con respeto a la normativa de protección de datos.

Foto de portada de la última concentración en Los Mateos el pasado 21 de agosto