Mar Hurtado

En la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto, un territorio agrícola acostumbrado a vivir sin molestias, la ampliación de una «Planta de transformación de residuos valorizables» ha encendido todas las alarmas. Los vecinos denuncian vertidos, olores insoportables, irregularidades administrativas y un proyecto que multiplicaría por diez la capacidad de tratamiento de residuos junto a una rambla que desemboca en el Mar Menor. La respuesta ciudadana ha sido masiva: casi 500 alegaciones. Hubo varios tipos de alegaciones, pero una de ellas —el modelo común— obtuvo una respuesta ciudadana abrumadora: casi 500 registros en una pedanía de apenas 850 habitantes. La cifra habla por sí sola: el pueblo, unido, está en contra.

Un movimiento vecinal que se niega a seguir siendo tratado como una “zona de sacrificio”.

La sensación de abandono institucional y de carga acumulada ha hecho que la población esté especialmente sensibilizada ante cualquier proyecto que implique molestias o riesgos.

🟣 1. La planta que ya existe… y que quieren ampliar

En la parcela 4 del polígono 158 funciona desde hace años una planta de tratamiento de residuos valorizables —purines, estiércol, restos de animales, lodos de depuradora— propiedad de TGRV Hijos de Martínez Roca S.L., aunque la actividad la desarrolla Digestos del Sur, ambas del mismo entorno familiar.

A esta planta llegan camiones cargados de residuos que se almacenan para transformarse en compost o abono agrícola. Pero lo que los vecinos observan desde hace años es muy distinto al relato oficial.

Según denuncian, tractores con cubas cargadas de purines salen casi a diario y los vierten en parcelas del entorno, en ocasiones sin permiso de los propietarios. La empresa ya fue denunciada por este motivo.

Además, en la rambla conocida como El Tollo, colindante a la instalación, se han observado restos de lo que parece materia orgánica. La preocupación es doble: contaminación del suelo y del acuífero, y finalmente del Mar Menor, ya que esta zona está catalogada como zona 2 según la Ley de Protección del Mar Menor.

A ello se suma el impacto en la vida diaria: “El hedor a purín es insoportable —en verano tenemos que encerrarnos en casa y no podemos tender la ropa porque se impregna del olor a purín”.

Las llamadas al 112 y a la Policía Local han sido constantes, pero los vecinos aseguran que no quedan registradas y que, ante la falta de respuesta, muchos han dejado de llamar.

🟣 2. La ampliación que lo cambió todo

El 1 de marzo de 2025, casi por casualidad, un grupo de vecinos descubrió en el BORM que la empresa había solicitado una ampliación descomunal:

• Capacidad actual: 25.000 toneladas/año
• Capacidad solicitada: 230.600 toneladas/año

El análisis del proyecto encendió todas las alarmas. Los vecinos detectaron incongruencias graves:

• El proyecto declara una sola parcela, pero la planta ocupa cuatro.
• Afirma no necesitar autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, pese a lindar directamente con una rambla.
• La única vía de acceso es una vía pecuaria, un camino público protegido por ley, que además ha sido alterado para permitir el tránsito de camiones pesados.
• Para llegar a esa vía pecuaria solo existen caminos rurales por los que no pueden circular vehículos de más de 16 toneladas, lo que hace inviable el tráfico que implicaría la ampliación.
• No cumple la distancia mínima a núcleos urbanos establecida para este tipo de instalaciones.

Aparte de El Mar Menor, la vía pecuaria se ha convertido en otro de los puntos más sensibles del expediente: no solo por su protección legal, sino porque su modificación para facilitar el paso de camiones no consta autorizada y podría constituir una infracción administrativa grave.

Estas irregularidades generaron dudas fundadas sobre la legalidad de la actividad actual y de la ampliación solicitada.

🟣 2B. La evaluación ambiental de la Comunidad Autónoma contrasta de forma evidente con la magnitud real de la ampliación solicitada

La empresa plantea una transformación radical de la instalación: quiere pasar de 25.000 a 230.600 toneladas anuales, y siempre hablando de la misma parcela nº 4, lo que supone multiplicar por diez la entrada de residuos y, con ello, el tráfico pesado, las operaciones de trituración y compostaje, los acopios, los lixiviados y las emisiones difusas propias de una planta de gran escala. Frente a ese salto, Medio Ambiente se limita a exigir lo mínimo reglamentario: que se cumpla el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la propia empresa, que se aplique un programa de vigilancia ambiental genérico sin controles reforzados de olores, polvo, ruido o tráfico, y que se respeten los trámites administrativos de publicación, caducidad y remisión al órgano sustantivo. No fija límites específicos, no pide modelizaciones de emisiones ni análisis de impacto acumulado, ni introduce medidas adaptadas a una ampliación del 822%. El resultado es una DIA esencialmente procedimental, insuficiente para una planta que aspira a gestionar 230.600 toneladas y que, por su magnitud, requeriría controles ambientales mucho más estrictos y detallados.

Plano de la de la Resolución de Declaración de Impacto Ambiental de Medio Ambiente relativa al proyecto de ampliación de la planta de transformación y gestión de recursos valorizables en Los Martínez del Puerto (expediente AAI20240018)

Fuente Google Maps: La parcela de la planta, es la 4 y las otras 3 no se mencionan, ni en el proyecto de la promotora, ni en la Declaración de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, son la 7,10 y 36

Extracto de la Resolución de Declaración de Impacto Ambiental de Medio Ambiente relativa al proyecto de ampliación de la planta de transformación y gestión de recursos valorizables en Los Martínez del Puerto (expediente AAI20240018)

🟣 3. La respuesta vecinal: organización, pruebas y casi 500 alegaciones

La plataforma vecinal se puso en marcha de inmediato. El resultado: dos tipos de alegaciones.

• Alegaciones individuales, firmadas por más de 450 vecinos.
• Alegaciones técnicas, extensas y documentadas, elaboradas por el grupo vecinal.

Adjuntaron fotografías, analíticas de suelo, mapas y documentación gráfica recopilada por ellos mismos.

Además, presentaron escritos a:

• Fiscalía de Medio Ambiente, informando de la situación.
• Urbanismo, alertando de obras realizadas sin resolución de ampliación.
• Confederación Hidrográfica del Segura, por la proximidad a la rambla y la coexistencia de otras dos plantas similares en el mismo cauce.
• Consejería de Agricultura, por la alteración de la vía pecuaria para facilitar el tránsito de camiones.

A día de hoy, la planta continúa su actividad y, según los vecinos, sigue realizando vertidos sin consecuencia alguna. “Si esto lo hiciera un agricultor, ya estaría en la cárcel”, lamentan.

🟣 4. Administraciones: papeles, silencios y contradicciones

Cada vez que los vecinos trasladan su malestar al alcalde, reciben la misma respuesta: “Tienen papeles”.

El alcalde asegura haber solicitado inspecciones al Seprona, a la CHS y a Medio Ambiente, y que todas las respuestas indican que la empresa “cumple la normativa”.

Sin embargo, la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental el 18 de junio de 2026 ha aumentado la indignación: el informe afirma que solo se presentaron 6 alegaciones, cuando los vecinos conservan copia de casi 500 registros.

La sensación es de desconexión total entre lo que ocurre sobre el terreno y lo que reflejan los papeles oficiales.

🟣 5. Un patrón que se repite

Este patrón no es nuevo. Un antecedente significativo próximo a Los Martínez del Puerto es el caso de Rodar y Retoño S.L., cuyo gerente y un conductor se enfrentan a juicio por presuntos vertidos ilegales de residuos industriales en varias fincas de la Región. La Fiscalía y la acusación sostienen que esos vertidos contaminaron cientos de toneladas de suelo y generaron un riesgo para los acuíferos conectados con el Mar Menor, en un procedimiento que también investiga la presunta falsificación de documentación para encubrir el destino de los residuos.

El caso de Los Martínez del Puerto encaja en un fenómeno más amplio: la concentración de plantas de residuos, escombreras y actividades molestas en pedanías rurales. Expertos en ordenación del territorio lo llaman “zonas de sacrificio”.

La pregunta de fondo es si Murcia está apostando por un modelo territorial que carga sobre las pedanías lo que no quiere cerca de la ciudad.

🟣 6. Lo que está en juego

El conflicto no es solo ambiental: es social, sanitario y territorial.

• La salud de los vecinos.
• La calidad del aire.
• La contaminación del acuífero y del Mar Menor.
• La legalidad de los procedimientos administrativos.
• El modelo de desarrollo de la Región de Murcia.

En las próximas semanas se resolverán alegaciones y se revisarán informes clave. Mientras tanto, Los Martínez del Puerto sigue movilizado, y decidido a que su voz no vuelva a quedar enterrada bajo toneladas de papeles.

El conflicto de Los Martínez del Puerto revela un modelo territorial que hace tiempo dejó de funcionar. La concentración de plantas de residuos en pedanías rurales, la falta de transparencia administrativa y la desconexión entre papeles y realidad han tensado la cuerda hasta el límite. Ahora, con casi 500 alegaciones sobre la mesa y un pueblo entero movilizado, la administración tendrá que decidir si sigue mirando hacia otro lado o si reconoce que la carga ambiental no puede recaer siempre en los mismos. Porque lo que está en juego no es solo una ampliación: es el derecho de una comunidad a no ser tratada como un espacio prescindible.
El pueblo estaba aquí mucho antes que la planta.