Mar Hurtado

Nueva marcha en defensa de la laguna convierte la rambla del Albujón en símbolo de la contaminación y reclama frenar los cambios legislativos que, según los colectivos convocantes, pueden debilitar la protección ambiental y permitir que empresas sancionadas sigan recibiendo ayudas públicas.

La defensa del Mar Menor ha vuelto a las calles con un mensaje directo a las administraciones: antes de modificar la legislación que protege la laguna, hay que cumplirla y hacerla cumplir. Bajo el lema «Antes de reformarla, cumplan la ley», la marcha en defensa del ecosistema ha reunido este sábado a un numeroso grupo de personas y colectivos ecologistas en el entorno de la rambla del Albujón, uno de los puntos que mejor simbolizan las presiones ambientales que soporta el Mar Menor.

La movilización llega en plena controversia por la propuesta de modificación de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, cuya tramitación ha generado el rechazo de organizaciones ciudadanas y ambientales. Para las organizaciones convocantes, la prioridad no debe ser rebajar o flexibilizar las obligaciones existentes, sino garantizar que la normativa se aplique de manera efectiva y que quienes incumplan las disposiciones ambientales respondan por los daños ocasionados.

La elección de la rambla del Albujón no es casual. Su cauce, que debería transportar fundamentalmente agua de lluvia, se ha convertido en un símbolo de la entrada continuada de contaminación en la laguna. Frente a ella, las personas manifestantes han denunciado que el deterioro del ecosistema sigue siendo una realidad y que la recuperación del Mar Menor no puede esperar a nuevos debates políticos.

La rambla del Albujón, símbolo de una agresión continuada

Durante las intervenciones, han advertido de que el problema ambiental no se limita a una amenaza futura. La presencia de una mancha blanca en el entorno de la rambla, señalada durante la marcha, se ha presentado como una muestra visible de un daño que requiere atención y explicaciones.

Han alertado de sus posibles consecuencias sobre la entrada de luz en el agua, la vegetación submarina y la fauna marina, elementos esenciales para mantener el equilibrio ecológico de la laguna. La preocupación expresada durante el acto es que, mientras no se actúe sobre las causas de la contaminación, el ecosistema seguirá expuesto a un deterioro que compromete su capacidad de recuperación.

La ciencia lleva años advirtiendo de la fragilidad del Mar Menor y de la necesidad de actuar sobre las presiones que recibe desde su cuenca vertiente. Por eso, los colectivos insisten en que no basta con retirar residuos, realizar actuaciones puntuales o responder cuando aparecen nuevos episodios de deterioro: es imprescindible intervenir sobre el origen de los problemas.

La rambla del Albujón se convierte así en mucho más que el escenario de una protesta. Representa, para quienes han participado en la marcha, la distancia entre las obligaciones legales de protección y la realidad ambiental que sigue soportando la laguna.

Agroindustria, ganadería intensiva, urbanismo y nuevas amenazas

Los discursos pronunciados durante la movilización han recordado que la situación del Mar Menor no responde a una única causa. Los participantes han señalado décadas de presiones acumuladas, entre ellas la minería a cielo abierto, el urbanismo descontrolado, el modelo de agricultura intensiva, la ganadería intensiva y la proliferación de infraestructuras portuarias.

A estos factores se suma la preocupación por los proyectos de plantas de biogás, cuyo desarrollo en el entorno de la cuenca también suscita interrogantes entre los colectivos ambientales por sus posibles efectos acumulativos y por la gestión de los residuos que generan estas actividades.

La reivindicación planteada durante la marcha es que cualquier iniciativa económica debe desarrollarse dentro de los límites ambientales y con garantías suficientes para evitar nuevas presiones sobre el ecosistema. Defienden la necesidad de avanzar hacia modelos productivos compatibles con la conservación de la laguna, con especial atención a la agroecología y a la protección de la biodiversidad.

Sin embargo, el principal motivo de la convocatoria ha sido la reforma legislativa en curso. Para los colectivos, el problema más urgente no es la inexistencia de normas, sino la falta de aplicación efectiva de las que ya están vigentes.

El rechazo a modificar la Ley 3/2020

La reforma de la Ley 3/2020 ha centrado buena parte de las intervenciones. Los convocantes consideran que modificar la normativa sin haber garantizado antes su cumplimiento supone alterar las reglas de protección en un momento en el que el Mar Menor continúa necesitando medidas eficaces de recuperación.

La iniciativa del Partido Popular y VOX plantea, entre otras cuestiones, modificar el régimen relativo a la pérdida del derecho a determinadas ayudas públicas cuando se cometen infracciones ambientales. La propuesta pretende que esa consecuencia no opere automáticamente, sino que pueda valorarse atendiendo a las circunstancias de cada caso. La iniciativa fue admitida a trámite por la Asamblea Regional el pasado 9 de septiembre, con el apoyo del PP, la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y Podemos-IU-AV.

Para los colectivos que han participado en la marcha, el cambio abre la puerta a reducir las consecuencias económicas que afrontan determinados infractores y debilita el efecto disuasorio de la legislación ambiental.

La normativa vigente establece que las infracciones graves o muy graves pueden conllevar la pérdida durante dos años del derecho a determinadas ayudas o subvenciones autonómicas relacionadas con inversiones en las zonas 1 y 2. La reforma pretende introducir una valoración individual de esa consecuencia, un aspecto que se encuentra en el centro de la controversia política y social.

Los manifestantes han defendido que las sanciones deben servir para evitar nuevas infracciones y que la responsabilidad ambiental no puede quedar subordinada a los intereses económicos de quienes desarrollan actividades en la cuenca vertiente.

«No estamos aquí para demandar privilegios», ha sido la idea central de una de las intervenciones, que ha insistido en que la ciudadanía reclama algo tan elemental como que se aplique la ley y se exijan responsabilidades a quienes contaminan.

La preocupación expresada durante el acto es que una modificación que flexibilice las consecuencias de las infracciones transmita el mensaje de que incumplir la normativa ambiental resulta demasiado barato.

Rambla del Albujón, nivel de hoy del volumen de entrada de contaminantes al Mar Menor

El Mar Menor, un ecosistema con derechos propios

Otro de los argumentos centrales de la marcha ha sido el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y de su cuenca, aprobado mediante la Ley 19/2022, que convirtió a la laguna en un sujeto de derechos con capacidad para que su protección y restauración sean defendidas jurídicamente.

Han recordado el papel de la movilización ciudadana que hizo posible esta iniciativa legislativa popular y el respaldo social que recibió. Según los datos citados durante el acto, la iniciativa reunió 639.826 firmas.

Este reconocimiento implica que el Mar Menor tiene derecho a existir y evolucionar de forma natural, a la protección de su ecosistema, a la conservación de sus hábitats y biodiversidad y a la restauración de las zonas degradadas y de los equilibrios ecológicos alterados por la contaminación o la actividad humana.

Desde esta perspectiva, los colectivos sostienen que la protección de la laguna no puede depender exclusivamente de las prioridades económicas o de los intereses particulares. Defienden que la actividad humana debe adaptarse a los límites del ecosistema y no al contrario.

La reforma de la legislación autonómica suscita, además, una cuestión de fondo: cómo garantizar que las medidas regionales de protección se mantengan alineadas con las obligaciones derivadas del reconocimiento jurídico del Mar Menor y de su cuenca.

La Tutoría del Mar Menor pide que se escuche a la ciudadanía

Durante la marcha también se ha puesto el foco en el rechazo expresado por los órganos de la Tutoría del Mar Menor a la modificación legislativa. Según se explicó en el acto, los tres órganos de la Tutoría manifestaron por unanimidad su oposición a impulsar cambios que puedan rebajar la protección ambiental del ecosistema.

En la última reunión del Comité de Representantes, integrado por representantes de las administraciones central y autonómica y de la ciudadanía, se acordó remitir un nuevo escrito a la Presidencia de la Asamblea Regional y a la Delegación del Gobierno para reiterar esa posición.

Los participantes han reclamado que las decisiones sobre el futuro de la laguna no se adopten únicamente desde los despachos, sin escuchar a quienes viven junto al Mar Menor, conocen sus problemas y llevan años implicados en su defensa.

La reivindicación va más allá de una discrepancia con una reforma concreta. Los colectivos piden que las decisiones políticas tengan en cuenta el conocimiento científico, la experiencia acumulada de las organizaciones ambientales y las demandas de una ciudadanía que considera que la recuperación del ecosistema sigue siendo una tarea pendiente.

Ramón Pagán: «La ley no se ha ejecutado, no se ha cumplido»

La intervención final de Ramón Pagán, de Pacto por el Mar Menor, ha puesto el acento en el momento crítico que atraviesa la protección de la laguna y en la necesidad de una respuesta ciudadana firme.

Pagán ha recordado las dificultades que acompañaron a la aprobación de la Ley 3/2020, una norma que, según ha señalado, salió adelante después de una fuerte oposición y de un proceso de negociación que permitió alcanzar un consenso en la Asamblea Regional.

Aunque la considera una ley de mínimos, ha defendido que su aprobación supuso un paso importante para ordenar la actividad agrícola y ganadera en la cuenca vertiente y establecer obligaciones destinadas a reducir las presiones sobre el ecosistema.

Su crítica se dirige al hecho de que, en su opinión, la ley no se ha desarrollado ni aplicado en sus aspectos fundamentales. «Esa ley no se ha ejecutado, esa ley no se ha cumplido», ha resumido, antes de advertir de que la reforma planteada supone un paso hacia el desmantelamiento de parte de sus mecanismos de protección.

Para Pagán, uno de los aspectos más preocupantes es que empresas sancionadas por incumplimientos ambientales puedan mantener el acceso a subvenciones públicas. El representante de Pacto por el Mar Menor ha calificado esta posibilidad de disparate y ha cuestionado que se flexibilicen las consecuencias para quienes incumplen las normas mientras otros agricultores realizan un esfuerzo para adaptarse a ellas.

En su intervención ha señalado también la concentración de las ayudas en grandes empresas del campo de Cartagena. Según los datos que ha expuesto durante el acto, diez empresas reciben el 80 % de las subvenciones a las que se ha referido, una distribución que, a su juicio, obliga a preguntarse quién termina beneficiándose de los cambios legislativos.

Pagán ha contrapuesto la situación de quienes trabajan para cumplir las exigencias ambientales con la de quienes han sido sancionados por infringirlas. En su opinión, sería injusto que los primeros pudieran quedarse sin determinadas ayudas mientras los segundos recuperasen la posibilidad de recibir fondos públicos.

El mensaje que ha trasladado es que las ayudas deben ser compatibles con el cumplimiento de la normativa y que los recursos públicos no pueden convertirse en un incentivo para mantener actividades que causen daños ambientales.

Una cita decisiva ante la Asamblea Regional

Ramón Pagán ha anunciado asimismo que representantes de la Tutoría del Mar Menor acudirán este martes a la Asamblea Regional para defender su posición frente a la reforma. Según ha explicado, está prevista la participación de representantes ciudadanos y del ámbito científico, entre ellos Miguel Ángel Esteban.

La intención es trasladar a los responsables políticos la oposición a los cambios planteados y defender que no se reduzcan las garantías ambientales en un momento en el que la laguna sigue necesitando medidas de recuperación.

Pero Pagán ha advertido de que la presencia de representantes ciudadanos e investigadores no será suficiente si no cuenta con el respaldo de la sociedad. Por eso ha apelado a mantener la movilización y a hacer visible el rechazo a una reforma que, según los colectivos, puede favorecer a los infractores en detrimento de quienes cumplen las normas.

La llamada a la ciudadanía ha sido uno de los mensajes más contundentes de su intervención: el futuro del Mar Menor no puede quedar exclusivamente en manos de las decisiones parlamentarias. La presión social, ha defendido, será determinante para que las instituciones escuchen las demandas de protección.

«No somos dueños del Mar Menor, somos responsables de lo que le dejamos»

La marcha ha concluido con una reivindicación que conecta la defensa ambiental con la responsabilidad colectiva hacia las generaciones futuras.

Los participantes han reclamado agua limpia, acuíferos vivos y la recuperación de la biodiversidad. Han reivindicado un Mar Menor en el que vuelvan a abundar caballitos de mar, anguilas, chirretes, berberechos y cangrejos, y en el que la ciudadanía pueda volver a disfrutar de un ecosistema saludable.

La imagen de la laguna que quieren recuperar contrasta con el temor a que el deterioro continúe y las nuevas generaciones solo conozcan a través de fotografías y recuerdos el Mar Menor que existió antes de décadas de presión ambiental.

La defensa de la laguna se plantea así como una obligación que va más allá de las diferencias políticas y de los intereses económicos inmediatos. «No somos dueños del Mar Menor, somos responsables de lo que le dejamos», ha sido una de las ideas expresadas durante las intervenciones.

El acto ha terminado con consignas en defensa del ecosistema y con una exigencia inequívoca: cumplir la Ley 3/2020, rechazar cualquier modificación que debilite su protección y garantizar que quien contamine responda por el daño causado y contribuya a restaurar el entorno afectado.

La marcha deja, de este modo, un mensaje dirigido tanto al Gobierno regional como a la Asamblea: el Mar Menor necesita que las leyes se conviertan en actuaciones efectivas, que las responsabilidades ambientales tengan consecuencias y que la recuperación de la laguna se sitúe por encima de los intereses particulares.

«Mar Menor vivo» ha vuelto a escucharse como consigna de una movilización que reivindica algo más que la conservación de un paisaje: la protección de un ecosistema único y el derecho de las generaciones futuras a conocerlo en buen estado.

La exigencia de los manifestantes se resume en el lema que ha presidido la convocatoria: antes de reformar la ley, hay que cumplirla.

Las próximas elecciones, una decisión sobre el futuro de la laguna

También se apeló a la responsabilidad de la ciudadanía ante las próximas elecciones, recordando que el voto puede influir en el futuro del Mar Menor. Llamaron a tener presente la gestión de las distintas fuerzas políticas en materia de protección ambiental y a valorar sus compromisos con la recuperación de la laguna a la hora de acudir a las urnas.

El mensaje fue especialmente crítico con los partidos de la derecha y la ultraderecha, a los que los intervinientes reprocharon su posición respecto a la protección del ecosistema en el ámbito regional. Asimismo, expresaron su preocupación por las consecuencias que podría tener para el Mar Menor un cambio de orientación política en el Gobierno central.

La llamada fue a no considerar la defensa de la laguna una cuestión ajena a las decisiones electorales. Para los participantes, el futuro del ecosistema también se juega en las instituciones y en las políticas que se impulsen desde ellas. Por eso, reclamaron que la protección ambiental, el cumplimiento de la legislación y la exigencia de responsabilidades a quienes contaminan ocupen un lugar central en el debate público.

La idea que trasladaron fue clara: la ciudadanía tiene en sus manos una parte importante de la responsabilidad sobre el Mar Menor, tanto mediante la movilización social como a través de sus decisiones en las urnas.