
La preocupación por la presunta trama de contratación irregular de prótesis y material sanitario en el Servicio Murciano de Salud (SMS) sigue creciendo en la Región de Murcia. Tras conocerse el pasado 20 de mayo la operación policial que investiga un fraude millonario en la compra de dispositivos médicos, el colectivo Yayoflautas —formado por pensionistas y jubiladas— ha intensificado su presión pública ante la ausencia de explicaciones oficiales.
Este lunes, una veintena de integrantes del colectivo entró en la Consejería de Salud y permaneció dentro durante horas, en una acción de ocupación simbólica con la que buscaban forzar una respuesta del presidente Fernando López Miras y del consejero Juan José Pedreño. Reclaman que ambos aclaren qué tipos de prótesis están bajo sospecha, en qué años se implantaron y si existen pacientes afectados. “Queremos saber la verdad”, repetían. “No nos vamos sin saber la verdad”.
La inquietud del colectivo no es casual. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha dejado ya 11 detenidos y dos investigados, y apunta a un fraude que podría rondar los 7 millones de euros, con sobrecostes que habrían alcanzado hasta el 1.287% del precio real del material. Entre los productos bajo sospecha figuran prótesis vasculares, stents y material fungible, algunos presuntamente caducados o no homologados.
La contradicción entre versiones oficiales ha incrementado la alarma social. Mientras la Consejería de Salud sostiene que no consta que se implantaran prótesis caducadas a pacientes, la Policía Nacional señala que sí se habrían utilizado productos caducados en intervenciones, lo que supondría un riesgo directo para la salud pública. Para el colectivo, esta falta de claridad es inaceptable.
“Somos personas mayores, muchas llevamos prótesis, y necesitamos saber si estamos en riesgo”, explican. Denuncian una “falta total de transparencia” y exigen una comparecencia pública que detalle qué se compró, cuándo, dónde y a quién se implantó. Hasta ahora, ni la Consejería ni el SMS han ofrecido esa información.
La presión social aumenta mientras el caso reabre el debate sobre los controles de contratación, la trazabilidad de los dispositivos implantables y la supervisión del sistema sanitario público en la Región de Murcia.
Fuentes:


Deja un comentario